Fuente: Minuto Uno
La Corte Suprema de Justicia intimó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos
Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para que presenten un informe detallado
sobre los resultados obtenidos en la limpieza del Riachuelo, en cumplimiento de la orden que dictó el
tribunal en su fallo sobre el saneamiento y recomposición del daño ambiental
existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo .
Debido al "relevante interés" que tiene en el
caso, la Corte consideró apropiado volver a tomar conocimiento inmediato sobre
el grado de avance alcanzado en el plan del saneamiento de la cuenca Matanza
Riachuelo y dictó una nueva resolución firmada por los siete ministros del
tribunal.
En el nuevo fallo, la Corte exigió a las autoridades
nacionales, a la Autoridad de Cuenca (Acumar), al gobierno porteño y de la
provincia de Buenos Aires, a que "en forma conjunta y mediante una
presentación única realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel
cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia" que la Corte
dicto, en un fallo considerado histórico, en el 2008 sobre el saneamiento del
Riachuelo.
En el informe deberá señalarse los resultados obtenidos con
"rigurosa precisión", expresando en porcentajes concretos el grado en
que han sido alcanzado cada uno de los objetivos que impuso la Corte en el
fallo dictado en 2008.
El informe deberá contener además un "especifico cuadro
comparativo con la situación existente a la fecha del último informe presentado
por las obligadas, detallándose el especifico avance incurrido desde el 30 de junio de 2012" hasta febrero del
2014.
Desde que el primer encargado de hacer cumplir el fallo de
la corte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fue apartado por presuntas
irregularidades, en noviembre de 2012, la causa ha avanzado lentamente con
diversas medidas requeridas por el juez Sergio Torres que quedó a cargo del
caso.
En 2008 la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca
y nombró al juez Armella como el encargado de efectuar el control de las
distintas etapas que debían llevarse a cabo. Pero primero por versiones
periodísticas, luego corroborados por informes de la Auditoría General de la
Nación, surgieron sospechas sobre las contrataciones de empresas y las cuales
estarían vinculadas al magistrado, por lo que fue apartado.
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